En este caso las pruebas a presentar solo pueden estar relacionadas con si se cumplen o no las condiciones exigidas por la ley y los tratados internacionales para llevar a cabo la extradición.
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Es importante señalar que la interpretación de lo que constituye un delito político puede generar controversia y dar lugar a diferentes criterios en cada país.
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En primer lugar, diversos tratados y acuerdos internacionales establecen que no se debe conceder la extradición por este tipo de delitos. Esta medida se adopta para proteger los derechos humanos y evitar que personas sean perseguidas o juzgadas por motivos políticos.
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Hemos obtenido el archivo de procesos en numerosas ocasiones, liberando a los acusados de cargos y preservando su libertad.
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Los delitos sexuales abarcan las conductas ilegales relacionadas con la explotación sexual, el abuso o la violación. Estos delitos son considerados gravemente ofensivos y están sujetos a extradición cuando la persona acusada se encuentra en territorio español y es requerida por otro país para enfrentar los cargos correspondientes.